“Es esperable que presenten su renuncia” y “Queda a la conciencia de cada uno”: expertos frente a seremis que se coordinaron vía WhatsApp para rechazar proyecto en Plaza Egaña

Un grupo de expertos en tramitación ambiental lanzó un duro cuestionamiento a los secretarios regionales ministeriales (seremis) que se coordinaron -vía WhatsApp- para rechazar el proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable de Fundamenta.
Pulso consultó a abogados que asesoran a inversionistas sobre el caso que generó malestar en el empresariado y todos coinciden en que la conversación a través de la red social afectó negativamente la institucionalidad ambiental. Esto, luego que el rechazo fuera articulado por la seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Sonia Reyes, y solicitara al Jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente que revisara una minuta que sirvió a los seremis para desplegar argumentos en contra de la iniciativa.
La votación terminó siendo de 9 votos en contra y sólo 2 votos a favor de la obra que considera la construcción de cuatro edificios en Ñuñoa y una inversión de US$300 millones. La seremi de Vivienda, Rocío Andrade, junto al director del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías, respaldaron el proyecto inmobiliario, mientras que la propia seremi Reyes y la delegada presidencial Constanza Martínez encabezaron el rechazo al proyecto que provocó su paralización y el despido de 220 trabajadores de la obra que presenta un 30% de avance.
Consultada la empresa sobre si presentará una querella por prevaricación en contra de los seremis, respondió: “Probablemente, lo estamos estudiando muy seriamente. Ante la gravedad de los hechos, tenemos obligaciones legales con nuestros inversionistas, y aún más importante, por respeto a los miles de trabajadores que perdieron su fuente laboral”.
Paulina Riquelme, socia de EeLaw y asesora en temas regulatorios ambientales de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), afirmó que “es esperable que los seremis que estuvieron implicados en el intercambio de mensajes privados que influyeron en la decisión de la COEVA, de rechazar el proyecto, presenten su renuncia. A esta conclusión se arriba cuando observamos que el comportamiento de las autoridades regionales no estuvo a la altura de lo que establece el ordenamiento jurídico. Como primera cuestión relevante, se espera de los seremis orienten su actuar conforme a la función pública que desempeñan, ponderando en sus decisiones el ceñirse a las reglas del estado de derecho y guiar su actuar en miras a la obtención del bien público, por sobre intereses políticos o particulares”.
“Creo que hay consenso en que lo sucedido es muy grave y por tres razones: la primera es que podría tratarse de una verdadera colusión para botar inversiones o rechazar proyectos en base a razones políticas, despreciando la mirada técnica del SEA. Por otro lado, habría una intervención directa del Ministerio del Medio Ambiente a través del jefe de evaluación ambiental, es decir, pareciera que alguna autoridad ministerial estaba de acuerdo con lo que ocurrió y hasta el momento no hemos visto ninguna consecuencia, lo que haría al gobierno cómplice de esta colusión irresponsable contra el desarrollo sostenible del país”, añadió el exministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo.
“Los involucrados, todos, por respeto a la institucionalidad ambiental, deberían dar un paso al costado. El principal garante de cuidar nuestras instituciones es el gobierno y responsabilidad de todos es también cuidarla y respetarla”, concluyó el hoy director de Medioambiente del estudio Jara del Favero.
Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en entrevista con Duna defendió la gestión realizada por los secretarios ministeriales. “Yo vi esa nota. No vi ninguna instrucción. De hecho vi una deliberación de colegas que se traspasan la información, algunos votan de una forma y otros de otra, lo cual deja de manifiesto que no había una instrucción de gobierno única. Por lo tanto, si uno ve la seremi de Vivienda y los que aprobaron siguen estando en el gobierno”.
Jaime Solari, presidente ejecutivo de la consultora ambiental SGA, explicó que “los dos votos a favor del proyecto son del SEA y de la seremi de Vivienda, que son los dos organismos normativos para un proyecto inmobiliario. Luego, los otros cinco votos en contra fueron claramente discrecionales y sin fundamento técnico ambiental, sobre todo la seremi de Medio Ambiente que participa en el proceso de evaluación. Si debieran renunciar o no, queda a la conciencia de cada uno y de sus respectivos jefes”.
Jorge Femenías, académico de la Universidad Católica y experto en derecho ambiental, indicó al respecto que ” me parece que la actitud de esa comisión da cuenta de una falencia de la ley (la decisión no debería ser política o al menos no en esa etapa de la evaluación) y que en el caso concreto, las personas que votaron no tenían el conocimiento acabado del proyecto, ni tampoco las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios en derecho ambiental, administrativo y urbanístico para evaluar ambientalmente el proyecto”.
“Conforme a los antecedentes públicos -no he revisado el expediente ni los documentos personalmente- podría tipificarse el delito contemplado en el artículo 228 del Código Penal”, acotó.
“El actuar de la delegada presidencial y de los seremis es gravísimo, pues el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Este principio constituye una de las bases de la institucionalidad que reconoce nuestra Constitución política. Y la gravedad no está en el hecho de coordinarse vía WhatsApp, sino por un lado, en despachar órdenes que por quien no es su superior jerárquico (la delegada presidencial), afectando así el desempeño personal de las funciones del cargo; y respecto de la seremi que denuncia las presiones, pues amparó esta situación, cuando lo que correspondía era que representara la orden por escrito”, añadió Felipe Riesco, exsubsecretario del Medio Ambiente. El hoy socio de Barros Silva Varela & Vigil precisó que “si deben renunciar o no, es tema político”.
Lo ocurrido en la votación del rechazo al proyecto de Fundamenta es “un nuevo golpe a la institucionalidad ambiental, tanto o más grave que aquellos registrados en marzo de 2017 (caso Dominga) y en enero de 2018 (Caso Mina Invierno), por mencionar algunos de los más emblemáticos. La práctica que han profesado y que profesan algunas autoridades políticas miembros de las COEVA, es una forma de proceder que se aleja de manera muy evidente de lo dispuesto en la norma que regula la toma de decisiones de sus miembros. Esta es una de las razones por las cuales, al día de hoy, muchos estamos abogando por el término de los órganos colegiados en nuestra institucionalidad ambiental”, concluyó Jorge Troncoso, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental.