Caso Fundamenta vuelve a fojas cero en la Suprema: Juez Sergio Muñoz es inhabilitado y la causa deberá volver a verse
‘Con el mérito de lo expuesto y habiéndose hecho la consignación que ordena la ley, declárese bastante la causal de recusación, fundada en el artículo 196 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales que se alega para inhabilitar al ministro de la Corte Suprema señor Sergio Manuel Muñoz Gajardo. Póngase esta declaración en conocimiento del señor ministro referido, para que se abstenga de intervenir en el asunto’, acotó la resolución firmada por las ministras Marisol Rojas y Inelie Durán y el abogado integrante David Peralta.
El escrito dejó constancia que el abogado integrante, José Ramón Gutiérrez Silva manifestó ‘afectarle la causal de recusación contemplada en el artículo 196 Nº2 del Código Orgánico de Tribunales, por tener uno de sus hermanos relación profesional con la demandante’. Pero también, la resolución del tribunal de alzada ordena traslado, lo que en términos sencillos posibilita que el propio ministro Muñoz pueda presentar sus descargos o bien aceptar la recusación.
La Tercera Sala de la Corte Suprema, que preside el juez Sergio Muñoz, debe pronunciarse sobre su proceso de tramitación ambiental en una causa que ya había sido alegada y que está en acuerdo desde septiembre. Sin embargo, el jueves 22 de diciembre la empresa cambió de abogados y de estrategia, y presentó un recurso de implicancia pidiendo la inhabilitación de Muñoz.
Un días después, el ministro Sergio Muñoz presentó una declaración ante la relatora de la Sala, Sandra Araya, admitiendo esas inversiones.
Según el documento de una página, suscrito por la relatora, el ministro Muñoz dejó constancia que ‘el día de ayer 22 de diciembre, con motivo de una publicación periodística consultó a su hija Graciel Muñoz Tapia’, quien le indicó haber suscrito tres contratos de promesa de compraventa.
Según el abogado inmobiliario y profesor universitario, Rodrigo Andreucci ‘ahora lo que corresponde es que se vuelva a hacer el alegato del caso ante la tercera sala de la Corte Suprema, luego de esto, el juicio quedará en acuerdo y se redactará el fallo. Fácilmente se podría demorar unos seis meses. Un recurso de casación en una materia así de complicada no antes de seis meses estará redactado’.
El caso del proyecto de Fundamenta se encuentra en la Corte Suprema, luego que tanto la inmobiliaria como los opositores (juntas de vecinos) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) interpusieran recursos de casación en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago que resolvió anular parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable por el efecto de sombras que provocaba a su entorno.
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2022, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, resolvió acoger parcialmente la reclamación que presentó Fundamenta en contra de la resolución del 13 de abril de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que había calificado desfavorablemente la iniciativa.
Por lo tanto, a la fecha la iniciativa cuenta con sus permisos vigentes y podría retomar sus obras, como lo reconoció el socio y controlador de la inmobiliaira, Pablo Medina, en entrevista con Pulso.
PROYECTO E HIJA
La iniciativa considera cuatro edificios con una inversión de US$300 millones y permanece paralizada hace poco más de ocho meses debido a una resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, entidad colegiada que preside la Delegada Presidencial, Constanza Martínez, y compuesta por los seremis nombrados por la administración del Presidente Gabriel Boric. Ello en una polémica sesión en la que los funcionarios públicos acordaron su votación a través de una conversación por WhatsApp. En la presentación a la Suprema, a la que tuvo acceso Pulso, presentada el pasado sábado, la inmobiliaria advirtió que las causales de la recusación contra el ministro Sergio Muñoz son ‘manifestaciones de la garantía constitucional de la imparcialidad y parte integrante de un proceso racional y justo’.
El conflicto se gesta el 28 de noviembre, cuando la hija del ministro, abogada y jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Alejandra Muñoz Tapia, sostuvo una llamada telefónica con la jefa de proyectos de Fundamenta, Valentina Riquelme Arratia. En el diálogo, según relató Riquelme, Muñoz, quien había firmado dos promesas de compraventa por dos departamentos del proyecto, manifestó que estaba muy preocupada y que su intención era poder recuperar los abonos que tenía en el Eco Egaña para traspasarlo al proyecto Eco Irarrázaval.
‘Mi idea es poder hacer cambios de la manera más amistosa. Mira, este proceso puede durar años y no creo, quiera, ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema’, sostuvo Muñoz, según una declaración notarial de la ejecutiva de Fundamenta. ‘Yo le expliqué que eran dos proyectos diferentes y que Eco Irarrázaval estaba a punto de escriturarse y que lo que pasaba en particular con el proyecto Eco Egaña no afectaba a otros proyectos y que por lo demás era muy factible se pudiera reiniciar pronto. Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento ella me señaló: ‘Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto’’, agregó la ejecutiva de Fundamenta.